La cifra de españoles mayores de 65 años alcanzará su pico en 2050, cuando haya 15.694.369 ciudadanos en esa franja de edad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por el Pacto de Toledo. La inmensa mayoría de ellos, pese a los incentivos para prorrogar la vida laboral, estarían hoy jubilados ya que, para quienes tienen más de 37 años y 6 meses cotizados la edad ordinaria es de 65 años y para quienes han cotizado menos de esos 37,6 años, la edad de jubilación es de 66,4 años. De 2023, y hasta 2027, la edad legal de jubilación se irá elevando a razón de dos meses por año, hasta situarse en 67 años, si bien aquellos que acrediten una «carrera de cotización completa» de 38 años y 6 meses podrán seguir jubilándose a la edad ordinaria de 65 años.
Esos 15,7 millones de españoles mayores de 65 años en 2050 estarían hoy jubilados con mayor motivo si tenemos en cuenta que la edad real de jubilación lleva estancada en los 64 años desde hace un decenio, con la media del régimen general en los 64,6 años. Esa ampliación de la edad de jubilación fue consecuencia de la reforma de 2011 cuando, en plena crisis económica y después de sacar adelante una polémica reforma laboral que abarataba el despido y le costaba una huelga general, al Gobierno de Zapatero solo le quedaba esa opción ante las exigencias de Bruselas de duras reformas, para lo que contó con el único apoyo de los diputados catalanes de la hoy extinta CiU. Pocos meses después, cedía el poder a Rajoy.
Pero no hará falta esperar a 2050 para que en España haya 15 millones de personas con más de 65 años. Desde 2044, las mismas proyecciones del INE indican que se alcanzará esa cifra, el 30,6% de la población y, en contra de lo que repite el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la situación no se relajará hasta mucho tiempo después. En concreto, hasta 2064, cuando se vuelva a bajar de esos 15 millones de pensionistas y del 30% de la población mayor de 65 años.
Aunque la mayor aceleración de entrada de pensionistas se dará a partir de la década de los 30, cuando las medidas aprobadas por la última y controvertida reforma de las pensiones apenas lleven unos años en marcha, con la incorporación cada bienio de 530.000 pensionistas al sistema, pasarán más de dos décadas (40 y 50) con más de 15 millones de pensiones a pagar todos los meses por las cotizaciones que abonen en esos años los trabajadores.
Con estos mimbres, el PP ya ha indicado que derogará «automáticamente» la reforma de pensiones de Escrivá, a quien acusa de engañar con su reforma. El planteamiento, según el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, es tumbar esa reforma en cuanto el futuro Gobierno del PP tenga un «plan encima de la mesa» acordado en el Pacto de Toledo –«al que se ha saltado Escrivá»– y que garantice que no se recortan las pensiones, una puerta que deja abierta la disposición adicional segunda del texto, según el PP, ya que impone informes de evaluación trimestrales por parte de la AIReF a partir de 2025 y en el caso de que se descuadre el gasto, compromete una reforma para corregir este exceso «mediante un aumento de las cotizaciones» o otra alternativa de incremento de ingresos, «una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB» o una «combinación de ambas».
¿Dónde podría estar ese descuadre? La AIReF ya ha indicado que el gasto en pensiones empezaría a acelerarse especialmente a partir de 2035, alcanzando un máximo en 2049 del 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas.
Si la reforma de Escrivá nace con fecha de caducidad, ¿qué líneas maestras propone el PP para sostener el sistema? La receta es generar más ingresos fomentando otro «baby boom», controlando la inflación y creando 1,7 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura.
«Si rebajas la inflación rebajas la presión sobre el gasto. La clave no es cobrar un 0,6% de MEI o un 1,2% sino crear 1,7 millones de trabajadores, para quedarnos en la media de la UE. Por supuesto, habrá que retirar presión de los costes laborales y salarios más altos. Todo ello apoyado por políticas agresivas de natalidad y ayudas a la contratación de jóvenes. La fórmula no es subir impuestos ni sobrecotizaciones sino utilizar los fondos del Estado y los europeos con criterio», explica a este diario Bravo.
¿Propondría el PP elevar por encima de los 67 años edad legal de jubilación? «Lo rechazamos, no genera el apoyo de la gente. Hay que hacer políticas claras. Ahora mismo miles de trabajadores se están prejubilando por el miedo a la reforma de Escrivá. Lo que propondremos es la jubilación parcial voluntaria», concluye Bravo.